Vamos simplemente a detallar de una manera un poco más precisa y en el marco de lo planteado por el señor ministro de Economía, algunas de las reformas, sobre todo las de carácter institucional, que creemos relevante desarrollar en un plazo breve. Creemos relevante también concebirlas como un paquete de reformas que contribuirán, sin ningún tipo de dudas, a la confianza, a la estabilidad, a los requerimientos que tanto empresarios, inversores como trabajadores y toda la sociedad civil va a estar requiriendo en un marco de un rumbo consensuado o un rumbo orientador que esperemos sea compartido por todos.

La reforma tributaria eficiente, equitativa y tendiente a la producción

En primer lugar un componente central de las reformas de carácter estructural refiere a los aspectos tributarios. Permítanme delinear en primer lugar los objetivos específicos de la reforma tributaria que, como bien se planteaba, es una reforma orientada por criterios de eficiencia, justicia o equidad primordialmente, y consistente con el estímulo a la inversión productiva. En ese sentido planteaba recién el señor ministro que la historia ha llevado a que la constelación de componentes tributarios que tiene Uruguay hoy no solamente no acompañe en muchos casos las necesidades y la facilitación de la inversión productiva, sino que en muchos casos pueda llevar a obstaculizarla. No concebimos una mezcla impositiva que no contribuya a un esquema general de confianza, estabilidad y que efectivamente facilite la inversión.

Que facilite la inversión no en términos de ser dadores a los inversores, sino en términos de tener reglas de juego claras, como se planteaba, respetar los contratos, que significa no solamente dejar bien claros y comprometerse a respetar los derechos de los inversores, sino que también significa dejar bien claras y respetar las obligaciones de los inversores.

Este esquema que tenemos sobre la mesa y sobre el cual vamos a estar trabajando a partir de este mes en el MEF en un grupo de trabajo, y que tiene como norte llegar a una propuesta de articulados de ley para fin de año, de manera que sea considerado a nivel parlamentario en los primeros meses del año que viene, va en el sentido de equilibrar el componente de impuestos directos e indirectos de la mezcla tributaria, en un marco en el cual se haga más eficiente la recaudación tributaria, no en un marco inspirado por una mayor presión tributaria, por las razones que el ministro explicaba.

El impuesto a la renta de las personas físicas

Esencialmente estos objetivos de la reforma tributaria entendemos que van en línea con los tres pilares principales de la reforma tributaria. En primer lugar la gradual introducción del impuesto a la renta de las personas físicas como un componente central de la reforma y que apunta justamente a ir en línea con el sentido de equidad de que paguen más los que más tienen.

Por supuesto que esa introducción debe ser gradual, en un marco de manejo cuidadoso de las cuentas públicas, de una necesaria responsabilidad en el manejo de esas cuentas, que a su vez debe ir acompañado por un segundo pilar, que es la revisión y el análisis del conjunto de exoneraciones y exenciones tributarias que existe hoy en el país, lo que los economistas llamamos la renuncia fiscal. Es todo un mapa de exoneraciones que entendemos probablemente muchas de ellas mantengan vigencia, pero probablemente algunas no tengan ya justificación. A los efectos de encarar este proceso de análisis y elaboración de una nueva mezcla tributaria se hace imprescindible este segundo pilar que implica el análisis actual de todas las perforaciones al sistema tributario que existen hoy a través de lo que llamamos la renuncia fiscal.

Obviamente que todos conocemos la complejidad del sistema tributario hoy. Eso les dificulta la vida a aquellos que quieren pagar impuestos, les facilita la vida a aquellos que no quieren pagar impuestos, pero sobre todo les complica la vida a quienes deben recaudar los impuestos. La cantidad excesiva de diversos impuestos que en general pueden tener un carácter distorsivo y no tienen un rol recaudatorio ni de contralor cruzado de información, hace que la labor de los organismos de recaudación se complique, hace que se abran más posibilidades para la evasión. Por lo tanto la simplificación del esquema tributario es el tercer pilar de la reforma tributaria, apuntando a tener un número reducido de impuestos que haga consistente la lógica de eficiencia en el esquema recaudatorio, que apunte a una mayor equidad y a una simplificación y les facilite la vida a aquellos ciudadanos que sí quieren pagar impuestos y a aquellos organismos que deben cobrarles.

La reforma de los organismos recaudadores

Algo que históricamente no se ha podido lograr está entre los pilares, ya no de la reforma tributaria en el sentido de la mezcla de impuestos, pero sí en la reforma de la administración tributaria. Por un lado es mejorar, fortalecer, modernizar los diversos organismos de recaudación, cada uno por su lado, en particular estamos hablando de la reforma de la Dirección General Impositiva (DGI), del mejoramiento del Banco de Previsión Social (BPS) y de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

En particular en el caso de la reforma de la DGI tenemos planteado en un plazo muy breve la implementación de la ley de reforma de la DGI, en las próximas semanas vamos a estar emitiendo el decreto que fija las pautas que conduzcan a que podamos salir al mundo a decir que ya no tenemos una administración tributaria que hace convivir funcionarios que inspeccionan empresas por un lado y que trabajan para esas empresas por otro. La incompatibilidad y la dedicación exclusiva como ingredientes centrales de fortalecimiento de la DGI es algo que aspiramos a lograr en un plazo muy breve a partir de una decisión política muy firme.

El segundo componente de fortalecimiento de administración tributaria pasa por la creciente coordinación de los organismos de recaudación y de los organismos de fiscalización. Ya hemos dado pasos concretos para tener planes de trabajo específicos, precisos, entre la DGI, la DNA, el BPS y además la Dirección General de Comercio y el Ministerio del Interior. Una facilitación del cruce de información, de una agenda de fiscalización conjunta, de capacitación cruzada que permita detectar irregularidades en cada una de las inspecciones son elementos cruciales que van a hacer a la eficiencia de los organismos de recaudación, de los organismos de fiscalización, tanto en el sentido de los aspectos impositivos como en el sentido de las condiciones laborales en las distintas empresas.

También en términos de contenido de previsión social está planteado completar la reforma de la seguridad social y en particular avanzar rápidamente con el caso de las cajas paraestatales, en primer lugar la Caja Policial que ya tiene un proyecto de ley con media sanción en la legislatura anterior, que deberá eventualmente ser reanalizado o avanzado, pero que nos permite ubicarnos cercanos a la definición de ese tema y trabajar sí con un poco más de tiempo y tranquilidad pero con la misma firmeza en cuanto a la necesidad de alinear las prestaciones y las contribuciones a los sistemas de previsión social en el caso de la Caja Militar y la Caja Bancaria.

Por supuesto que esto se complementa con el proceso de mejora en la eficiencia administrativa del BPS y está sobre la mesa la discusión sobre los parámetros previsionales y actuariales que permitan hacer sostenible el proceso de seguridad social en Uruguay, que como todos saben no solamente tiene un componente social, ético, sino que también es un componente central en el manejo de las cuentas públicas.

Un presupuesto que estimule la mejora en la gestión pública

Se planteaba que el presupuesto nacional debe ser la expresión de un programa de gobierno. La expresión financiera, en particular de las cuentas del Estado, de un programa de gobierno. Razón por la cual aspiramos a superar la historia de que el presupuesto sea meramente un listado de topes de gasto para las distintas unidades ejecutoras y que justamente sea un instrumento donde se especifiquen objetivos, metas a cumplir, evaluación, monitoreo, y que además esté claramente enmarcado en el contexto macroeconómico que proyecta la conducción económica para el mediano plazo.

Ni que hablar que si el presupuesto es meramente un listado de gastos posibles o de autorizaciones para gastar, difícilmente pueda constituirse en un instrumento hábil para procesar incentivos, estímulos a una mejora en la gestión del Estado, una mejora en la gestión del sector público. Por lo tanto aspiramos a hacer del presupuesto un instrumento más apto, no solamente para enmarcar la lógica presupuestal dentro de la lógica macroeconómica, sino además para generar estímulos y castigos explícitos que contribuyan a un proceso que necesariamente debe ser gradual, por las rigideces que implica de reforma del funcionamiento del Estado.

A nivel del manejo de las estrategias de endeudamiento, aspiramos a conformar a nivel del MEF una unidad especializada en el análisis y la definición estratégica del endeudamiento público. En general Uruguay no ha tenido una visión estratégica en cuanto a las características y a la lógica de endeudamiento del sector público, hemos estado más bien al golpe de balde en función de las necesidades por un lado y de las efectivas posibilidades por otro, pero sería una casualidad histórica que ese proceso terminara en un esquema de visión estratégica en materia de plazos, tasas, monedas, etcétera, en cuanto al endeudamiento público. Cualquiera que analice actualmente todas esas condiciones hoy verá que hemos llegado a eso de manera bastante caótica. La necesidad de tener una lógica estratégica en esta definición pensamos abordarla a través de la conformación de un grupo especializado en ese tema en el MEF, que obviamente coordinará muy estrechamente con la labor del BCU como agente financiero del Estado.

Mayor autonomía del BCU

Justamente en materia de BCU, y sin perjuicio de lo que después va a desarrollar el presidente del mismo, creemos importante incorporar en este paquete de reformas lo que tenemos pensado para fortalecer elementos de credibilidad y sustentabilidad de la conducción económica. Somos partidarios de una mayor autonomía del BCU en la que queden bien especificados sus objetivos y queden los ingredientes institucionales necesarios para que esos objetivos puedan cumplirse de manera cabal y creíble. A su vez eso obviamente va a implicar redefinición en términos de cómo se designan, en qué plazos, con qué condicionantes, por ejemplo los directores del BCU.

El BCU hoy por hoy, como muchas veces dice su actual presidente, parece el London-Paris, es decir desarrolla en un piso lencería, en otro zapatería, tiene múltiples funciones que no son inherentes a una lógica bancocentralista. Hace la regulación de los bancos, de los mercados de valores, de los seguros, de los fondos de pensión, liquida bancos, es el agente financiero del Estado, se preocupa por la política macroeconómica... Borda, zurce, cocina. Aquí la idea es que esto tiene muchos objetivos que muchas veces entran en conflicto y a no ser que tengamos directores esquizofrénicos tenemos un problema, porque cuando los intereses y los objetivos entran en conflicto es muy difícil reclamarles a los directores que tomen las decisiones consistentes con objetivos explícitos. Por lo tanto, apuntamos a la centralización de la regulación financiera en el sentido de tener una lógica global de la regulación de bancos, seguros, mercado de valores, fondos de pensión que, justamente para evitar ese conflicto de intereses, debería tener una institucionalidad que no se relacionara con el BCU.

Una tercera pata de este asunto refiere a los mecanismos de resolución de bancos, el procesamiento de la liquidación de bancos, la actuación de los fondos de garantía de depósitos, etcétera, que también entra en conflicto de intereses con los objetivos regulatorios y las políticas típicamente bancocentralistas, por lo cual también aspiramos, en esta reforma institucional a que estos mecanismos de resolución de bancos, seguros de depósitos, fondos de garantía, queden separados, no solamente del BCU sino también del regulador financiero, y a su vez perfeccionar estos mecanismos, dado que la legislación hoy por hoy permite que esta institucionalidad opere como morgue de bancos, cuando en realidad pretendemos que opere también como hospital de bancos.

Vender el Nuevo Banco Comercial pero no a cualquiera

A título breve, estamos comprometidos a continuar la mejora en los bancos públicos y estamos avanzando -en la medida en que las posibilidades nos lo brindan y verán que será con la transparencia que el caso permita- el proceso de venta del Nuevo Banco Comercial, que estamos muy confiados en que se llevará adelante de la manera más transparente sobre la base de que queremos pasar el Nuevo Banco Comercial a manos privadas pero no a cualquiera. La experiencia de reprivatización de bancos en el pasado no es la más sana, no es lo que la sociedad uruguaya visualiza como el óptimo en ese sentido, y por lo tanto, si bien tenemos planteado este objetivo, sólo vamos a llevarlo adelante si estamos seguros de que quien va a adquirir al Nuevo Banco Comercial tiene las características y las condiciones como para ser un banquero en Uruguay.

Ya el ministro desarrolló aspectos relacionados con la desdolarización como un elemento para reducir vulnerabilidades e incrementar la confianza y la credibilidad en la conducción económica y abrir más margen de utilización de instrumentos. Por lo tanto este aspecto lo voy a soslayar.

Un último aspecto de reforma que quiero destacar y que después va a estar también desarrollado en la presentación de Fernando refiere a que hay elementos de reforma legal e institucional que apuntan a este paquete de mejorar el clima de negocios para la inversión en el país, dar las garantías del caso a inversores, trabajadores y al Estado, y en particular vamos a estar trabajando rápidamente en una revisión de la legislación de bancarrota que haga que el instrumento de quiebras en Uruguay no sea meramente un instrumento nominal que no se utiliza a tiempo, que no se utiliza bien y que no resuelve problemas. Entendemos que la legislación hoy por hoy es tan rígida que lleva a que no se utilice; debemos ir hacia mecanismos de mayor flexibilidad, como la experiencia internacional sugiere, a efectos de que permita el mecanismo de quiebra o bancarrota reestructuraciones sanas de empresas que son viables económicamente y que por diversas consideraciones terminan cerrando.

A su vez vamos a estar impulsando y estimulando la reforma en las empresas públicas con la lógica de que se preparan sistemáticamente para la competencia, los marcos competitivos en este sentido son básicamente inexorables en muchos de los casos donde participan y por lo tanto necesitamos elementos regulatorios, elementos de marco competitivo sólidos y también empresas públicas sólidas.

En ese esquema también se enmarca lo que vamos a estar enviando al Parlamento rápidamente, que es un proyecto de mejora en materia de políticas y legislación de competencia. En las próximas semanas vamos a estar enviando al Parlamento una propuesta, un proyecto de ley referido a la promoción y la defensa de la competencia tomando las mejores prácticas internacionales al respecto.

Les agradezco el tiempo. Gracias.