Agradezco a la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración y al Instituto de Economía por permitirme tener un espacio de intercambio con respecto a algunos aspectos de la conducción económica. Obviamente, no va a haber grandes sorpresas, puesto que los lineamientos de una conducción económica no se cambian todos los días sino más bien todo lo contrario, pero a veces una presentación general y ordenada ayuda a entender un poco la lógica global.

En ese sentido, la idea de la presentación es exponer tres bloques fundamentales. El primero tiene que ver con las principales orientaciones de la conducción económica del actual gobierno. El segundo es un somero repaso del contexto económico, tanto en el plano doméstico como en los principales aspectos del entorno institucional que afectan de manera más relevante la evolución económica actual, básicamente en el terreno macroeconómico. El tercero hace referencia a la situación fiscal y, de alguna manera, es la síntesis y tiene un horizonte previsible para el corto y el mediano plazo, cuyo elemento estructural central es la sustentabilidad en el manejo de las cuentas públicas y la evolución y la trayectoria del endeudamiento del sector público.

A nivel de las principales orientaciones, los grandes objetivos tienden a lograr un nivel sostenido de crecimiento de la economía. Durante varios períodos el Uruguay ha vivido fases de crecimiento económico, pero ha sido más que difícil sostener ese crecimiento económico. La tasa de crecimiento en el largo plazo es relativamente baja y ha estado asociada a ciclos muy profundos de crecimiento, de detracción y de crisis, con lo cual hay elementos estructurales que hacen que esas vulnerabilidades y esas alteraciones de la trayectoria del crecimiento sean más profundas.

Entendemos que hay elementos estructurales e institucionales que pueden contribuir a que el crecimiento económico sea no solamente de un nivel más elevado, es decir con una tasa de crecimiento de largo plazo más alta de la que se ha registrado en las últimas décadas, sino que además reduzca las variaciones y las vulnerabilidades a lo largo del tiempo y sea de un carácter más sostenido. Es evidente que el crecimiento pasa por una mejora de la calidad y la cantidad de empleos y, a su vez, la posibilidad de generar empleos genuinos en el corto, el mediano y el largo plazo pasa esencialmente por la generación de la suficiente inversión.

Si bien, en términos de crecimiento, el Uruguay tuvo tasas relativamente bajas en el sentido estructural, mucho peor ha sido su gestión en materia de inversión. Nuestro país no ha sido capaz de atraer inversión, ya sea doméstica o extranjera. Uruguay tiene una tasa de inversión muy baja inclusive en el contexto latinoamericano, que no es precisamente un contexto de abundante inversión. Por lo tanto, hay que revisar los componentes estructurales de la economía uruguaya y del manejo de la conducción económica en el mediano y el largo plazo a los efectos de ver qué elementos pueden contribuir a tener una inversión de magnitud y a sostener un flujo de inversiones que permita generar empleos genuinos, única forma de mantener niveles de crecimiento razonables.

Esta visión tiene una lógica de mediano y largo plazo, pero también es claro que debemos atacar problemas en el corto plazo. En tal sentido, tanto el crecimiento económico como el empleo y la inversión son objetivos esencialmente intermedios que apuntan al objetivo último, que es la mejora de la calidad de vida de los uruguayos. Hay una visión estratégica que se complementa con una visión de corto plazo en cuanto a atacar problemas cruciales como la pobreza y la indigencia, que se han multiplicado a partir de la crisis de 2002. Entendemos que, si se atacan a tiempo, las chances de revertir esa situación son más altas y los costos son menores, razón por la cual a esa visión estratégica se superpone una acción de corto plazo asociada a atender la emergencia social.

Como sabrán, la prioridad número uno de este gobierno es dedicar todos los recursos posibles a efectuar acciones que atiendan al Plan de Emergencia Social. Se entiende que de este modo puede atacarse a tiempo y revertir lo antes posibles y con un menor costo, en términos económicos y sociales, la situación de pobreza que se agudizó sustancialmente en los últimos tres años. Una visión estratégica interactuando con una visión de corto plazo implica una combinación de instrumentos estratégicos estructurales de mediano y largo plazo con el manejo de instrumentos de política de corto plazo que tienen que ser consistentes unos con otros.

En una visión estructural, el elemento inversor es la clave de la sustentabilidad. Como objetivo, la presente Administración se plantea duplicar la tasa de inversión bruta. El Uruguay se ha caracterizado por tasas de inversión muy bajas, más allá de las discusiones metodológicas que cada tanto aparecen acerca de la medición y la estimación de inversiones brutas. Por lo tanto, es un desafío estructural relevante romper esa trayectoria de baja inversión, tanto pública como privada. Se trata, sobre todo, de atraer la inversión privada doméstica y extranjera. Para eso existe la visión de parte del gobierno de que es necesario apuntar a criterios de calidad y especialización productiva, en un mundo crecientemente interactuante y globalizado. Las formas de participar en el mundo globalizado y de atraer inversión han cambiado y son específicas. Se trata de una nueva forma de relacionamiento económico internacional que, en buena medida, permite pensar que a nivel de inversión los países operan como en un concurso de belleza. Es tan fácil transferir inversiones de un lado a otro y los inversores tienen una lógica tan global que, para atraer inversiones genuinas de largo plazo, los países deben generar ámbitos adecuados. En ese sentido, las fronteras son cada vez más difusas, por lo que hay que contribuir desde la política a que el ámbito de los negocios sea el adecuado, a que las reglas de juego estén bien especificadas y los Estados cuenten con la suficiente capacidad como para hacerlas cumplir. Cuando decimos que los contratos deben respetarse y que las reglas de juego tienen que ser claras nos referimos a los derechos y también a las obligaciones que adquieren los inversores en la medida en que desarrollan su inversión.

Un segundo componente de cambio de mediano y largo plazo tiene que ver con el sistema financiero. Básicamente, hay dos objetivos intermedios que contribuyen al fortalecimiento del funcionamiento del sistema financiero. El primero tiene que ver con la refundación o el fortalecimiento sustancial del mercado de capitales, sobre todo de largo plazo. En el pasado hubo intentos de hacer funcionar el mercado de capitales de manera más activa y se han creado algunos instrumentos, pero razones de debilidad institucional y falta de profundidad impidieron que hubiera un efectivo desarrollo. Los aspectos estructurales que hacen a la opacidad de información de las empresas uruguayas, la necesidad de fortalecer la regulación en materia de mercado de valores, etc., han hecho que los intentos del pasado no hayan fructificado. Ha habido errores de diseño que están en la base de cualquier mercado de capital, sobre todo aspectos de una mayor transparencia informativa de parte de las empresas. El segundo tiene que ver con la desdolarización. Existe una preocupación compartida por todos los economistas y profesionales vinculados a la actividad económica, sobre todo desde la perspectiva de la política económica, en el sentido de que la altísima dolarización de la economía reduce enormemente los márgenes de acción de la política económica, en particular de la política monetaria, y por lo tanto atacar el problema es parte de una visión estratégica.

Hay que profundizar en la utilización de instrumentos como la unidad indexada, que demoró bastante en aparecer en la economía uruguaya, y estimular la utilización de nuevos instrumentos, interactuando con el mercado de capitales, para dinamizarlo en el sentido de ir desdolarizando gradualmente la economía. Obviamente, esto no se hace por una decisión administrativa o un decreto sino en base a la generación de estímulos adecuados para la toma de decisiones descentralizadas de los agentes económicos.

En materia de sistema financiero tenemos planteado un componente de fortalecimiento institucional que tiene que ver con el Banco Central y con la regulación financiera. En el correr de este año vamos a trabajar en cambios legales de la Carta Orgánica del Banco Central que apunten a fortalecer la autonomía bancocentralista y a concentrar el foco de la institución en las tareas típicamente bancocentralistas. Hace un tiempo, el actual Presidente del Banco Central decía que hoy por hoy el Banco es como el London-Paris, en cada piso tiene una función diferente u ofrece una oferta que no tiene nada que ver con el piso de arriba o el de abajo. Hoy el Banco Central se dedica a la política monetaria y es el agente financiero del gobierno, pero además se ocupa de la regulación del sistema bancario, del mercado de capitales, de los fondos de pensiones, de las empresas de seguros, liquida bancos, etc. Todo eso no se puede hacer bien, porque existen conflictos de intereses entre esos objetivos. En un proceso de análisis del sistema bancario y de crisis como la ocurrida en 2002 hay objetivos en este esquema bancocentralista que entran en conflicto en cuanto a la toma de decisiones rápidas o lentas con respecto a qué hacer con un banco que tenía problemas, con un proceso de liquidación, etc. El tema de la preponderancia en la lógica del sistema de pagos y la política monetaria tira para un lado, el tema de la supervisión financiera tira para otro, y lo relativo a la administración del seguro de depósitos tira para otro. Tener todo eso dentro de una única institución no cumple de manera adecuada ninguno de los objetivos en particular y transforma en esquizofrénicos a los Directores que tienen que tomar decisiones al respecto.

Lo ideal, en términos de diseño, es que esas tres decisiones ?la política monetaria, la regulación y supervisión financiera, y la administración de los mecanismos de liquidación y resolución de bancos con problemas? sean tomadas por tres instituciones con cabezas separadas, cuyo conflicto de objetivos se exprese de manera transparente y explícita. En los próximos meses estaremos trabajando en una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, para llegar a una racionalización y a una lógica centralizadora de la regulación financiera. En Uruguay, el regulador financiero tiene que estar viendo de manera consolidada lo que hacen los agentes en el sistema bancario, en los seguros, en los mercados de capitales, en los fondos de pensión, porque son los principales agentes en cada uno de estos submercados que esencialmente son los mismos.

Reitero que apuntamos a que estas actividades estén fuera de la órbita del Banco Central. A su vez, hay un conflicto claro de intereses entre el fortalecimiento de un fondo de garantía de depósitos y la posibilidad de generar mecanismos para que ese fondo pueda operar no solo como morgue de bancos sino que también ayude a procesos de reestructuración bancaria, es decir como hospital de bancos. Esa sería la tercera pata que también tiene que estar separada tanto del Banco Central como de la regulación y la supervisión financiera por problemas de diseño.

Por lógica, la preocupación por la reforma y la mejora de la acción no se circunscribe al sistema financiero. De más está decir que hay mucho por hacer a nivel de funcionamiento del Estado. También de más está decir que los procesos en el Estado suelen ser rígidos y, por lo tanto, los procesos de reforma necesariamente van a ser graduales. Estamos abocados a avanzar en el proceso de elaboración presupuestal para los próximos cinco años y, tanto desde el punto de vista del funcionamiento del Estado como del gasto público, las rigideces son muy grandes y pesan más cuando las restricciones financieras son muy grandes.

Es por todos sabido que hemos heredado una muy fuerte restricción financiera, un elevado endeudamiento público que hace que la rigidez de funcionamiento de la mayor parte de los organismos estatales opere de manera más dura y torna más difícil la posibilidad de una reforma rápida. De todas maneras, tenemos que apuntar a elementos de reforma gradual del Estado. Entendemos que en este horizonte presupuestal de cinco años hay cosas en las que se va a poder avanzar por lo menos de manera más sensible.

Un componente central de la política económica es la revisión de la administración y de la política tributaria. En ese sentido, vamos a trabajar con objetivos claros en materia de eficiencia, de equidad y de estímulo a la producción desde la estructura impositiva. El Uruguay ha sido muy creativo en materia de impuestos. Muchos de ustedes son bastante jóvenes como para acordarse de un personaje televisivo, el Chicho, a quien todos los días se le ocurría un impuesto nuevo. Existen más de veinte impuestos vigentes, pero los primeros seis o siete cuentan con más del 90% de la recaudación. Eso hace que el sistema sea muy ineficiente y que la Administración dedique muchos esfuerzos para cobrar muy poco. Tampoco se puede limpiar de inmediato, porque en momentos de fuerte restricción fiscal la recaudación sirve aunque sea poca. Lo que está claro es que debemos seguir una lógica de simplificación de la estructura tributaria, que va a ayudar a una mayor eficiencia de la gestión de los órganos de recaudación.

Tenemos planteado implementar rápidamente el proceso de reforma de la Dirección General Impositiva que apunte a algo que en ninguna parte del mundo se puede entender, que es que allí haya profesionales que recaudan impuestos y, a la vez, trabajan para las empresas que deben pagarlos. Eso, que parece bastante ilógico, es lo que tiene el Uruguay desde hace muchos años y en algunos momentos hasta de manera reglamentada por un reparto ordenado. Esta muy claro que esto hay que resolverlo rápidamente, lo que implica implementar una ley de reforma de la DGI que ya ha sido votada el año pasado y que tiene como elemento central las dedicaciones exclusivas y las incompatibilidades de los funcionarios para trabajar allí y en el sector privado.

En segundo lugar, con respecto a temas de administración tributaria estamos trabajando en una creciente coordinación de los organismos de recaudación y fiscalización. Ya hemos desarrollado labores de planificación en materia de coordinar capacitación, fiscalizaciones conjuntas, etc., entre la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social y la Dirección Nacional de Aduanas, complementado con la Inspección General de Trabajo y el Ministerio del Interior. La coordinación de todos estos organismos va a ayudar a hacer más eficiente las labores de fiscalización y control de la recaudación, asegurando que se cumpla con las normas tributarias y con las condiciones laborales en las empresas.

Con respecto a la política tributaria, tiene tres pilares. El primero hace a la simplificación, es decir pasar a un número más racional de impuestos que tengan un rol recaudador o de contralor. El segundo es la revisión de la renuncia fiscal, es decir la inmensa masa de exoneraciones y exenciones que tiene la estructura tributaria, que es perforada por múltiples lados. Entendemos que buena parte de la renuncia fiscal actual puede tener sentido, pero probablemente haya una parte que ya no lo tenga. Eso hay que enfrentarlo con un componente estratégico claro. El tercero es la gradual introducción del impuesto a la renta de las personas físicas, que tiene un sentido de equidad mayor en el funcionamiento tributario y que obviamente también tiene como prerrequisito el fortalecimiento de la administración tributaria. Los requerimientos de una Administración más eficiente, menos perforada, son claves para la implementación del referido impuesto.

Con respecto al esquema tributario, estamos en una línea de trabajo muy concreta que implica reforzar la administración tributaria a la vez que comenzar a elaborar un proyecto para enviar al Parlamento en el que trabajaremos a nivel del Poder Ejecutivo de aquí a fin de año.

Otro componente de visión estratégica refiere a la inserción externa. El proyecto MERCOSUR lo vemos como un norte inherente a la ubicación geográfica del funcionamiento natural de la economía uruguaya, pero no lo vemos ?más allá de la prioridad que podamos darle? como el norte final sino como una plataforma sobre la cual posicionar al Uruguay de mejor manera para una inserción internacional más global. El MERCOSUR tiene problemas, no ha consolidado aún una institucionalidad propia que le permita dirimir los lógicos conflictos entre los países miembros de manera integral, con una lógica integracionista. Todos los días tenemos problemas en una frontera, con los camiones, con el arroz, etc., que no tienen una lógica clara con una vocación de integración. En ese sentido, entendemos que tenemos que seguir trabajando duro para fortalecer el MERCOSUR y alisar todos estos problemas, pero tomado con una visión más global de que el Uruguay debe insertarse en el mundo.

A nivel de comercio exterior, la historia también ha mostrado que concentrarnos casi exclusivamente en la región implica una alta vulnerabilidad, porque la región es muy volátil. Antes de la crisis, más de la mitad de las exportaciones de productos uruguayos iban a Argentina y a Brasil. Hoy por hoy, después de la crisis, en un esquema de mayor diversificación de colocación de productos, la vulnerabilidad externa se ha reducido porque los mercados de exportación están esencialmente divididos en cuatro: un cuarto para la región, un cuarto para el norte ?Estados Unidos, Canadá y México?, un cuarto para Europa y un cuarto para Asia y el resto del mundo. Un esquema de diversificación en la colocación de productos reduce, por lógica, las vulnerabilidades externas de la economía uruguaya.

En la visión estratégica también debe incorporarse la necesaria articulación de las políticas económicas con la profundización de las políticas sociales, sobre todo de carácter estructural, que interactúan con las capacidades de la economía uruguaya. No es lo mismo hacer política económica y proponerse alternativas de inserción externa y crecimiento económico cuando el país tiene problemas en el área de la salud, de la educación, de la vivienda, de la seguridad social, que plantearse esos mismos objetivos en un país donde la educación apunta a una mayor calificación, sobre todo asociada al sistema productivo, o donde los problemas de salud básicos de la población se resuelven de mejor manera.

Vemos las políticas sociales como parte integrante de un esquema de manejo económico en el sentido global, porque no solamente es necesario un buen manejo económico para que pueda haber buenas políticas sociales sino que también el resultado de buenas políticas sociales posiciona a la economía de un país de mejor manera. Por lo tanto, la preocupación desde la conducción económica está también en la articulación de políticas económicas y sociales, sobre todo de carácter estructural.

Otro componente estratégico refiere a algo que ha sido históricamente postergado, que es el desarrollo científico y técnico. Recientemente, a nivel de gobierno se ha creado un gabinete de las ciencias, la tecnología y la innovación. Creemos que darle una institucionalidad propia a nivel de gabinete, con un número importante de Ministros ?Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Industria, Energía y Minería a través del LATU, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través del INIA, Ministerio de Educación y Cultura a través de la Dirección de Ciencia y Tecnología? ayuda a crear una visión que comienza a ser más integral. Además, también se debe asociar a la necesidad de promover las demandas del sector productivo. De ahí la importancia de incorporar la visión del Ministerio de Industria, Energía y Minería y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que pautan la prioridad que este gobierno apunta a dar al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país.

Decíamos que los elementos estratégicos se superponen necesariamente con las urgencias y las necesidades de cortísimo plazo, en un marco de restricciones muy fuertes en el área financiera del Estado, en un marco de un elevadísimo endeudamiento público el cual, obviamente, deberá respetarse, pero también en un marco de endeudamiento social, es decir en una situación de creciente pobreza e indigencia que se ha duplicado a partir de la crisis del año 2002 y que, si bien puede pasar como un país más en el contexto latinoamericano, es algo que hiere la sensibilidad de los uruguayos porque históricamente Uruguay no vive en un marco de esta magnitud y profundidad en materia de pobreza y marginación.

Entendemos que este crecimiento brutal de la pobreza en tan corto plazo debe atenderse de manera inmediata, porque es más fácil sacar de la pobreza a la gente que recién entra en ella. Por lo tanto, cuanto antes y más profundamente se actúe se va a ser más eficiente en ese objetivo, y los costos financieros y sociales van a ser menores. La pesada carga de endeudamiento y las difíciles restricciones fiscales hacen que no haya dos opciones. No hay alternativas con respecto a ser absolutamente rigurosos en materia del manejo de las cuentas públicas. Debemos evitar un manejo irresponsable de las cuentas públicas, algo que el conjunto del gobierno tiene absolutamente claro y lo ha manifestado en múltiples ocasiones. Entendemos que esto es prerrequisito para poder desarrollar las reformas de carácter estructural que enumerábamos. Que haya rigideces del gasto público no quiere decir que no se pueda gradualmente apuntar a una recomposición de gastos e ingresos. El componente central de los ingresos va a estar dado por la reforma tributaria. En materia de gastos estamos trabajando a nivel de elaboración del Presupuesto quinquenal. Dadas las restricciones de rigidez, hay que ver qué cosas pueden ir acomodándose gradualmente para apuntar a una racionalización del gasto en los próximos años.

En términos más finos, en el terreno fiscal está claro que la sustentabilidad de las cuentas públicas y el manejo responsable de todo el esquema de endeudamiento, que hagan sostenible el funcionamiento fiscal y financiero del Estado, pasan por la generación de un superávit fiscal primario relevante o importante, adecuado para apuntar a una reducción del peso de la deuda a nivel del Producto. Cuando uno tiene una conducta sana y razonable en términos fiscales y financieros, y una situación más desahogada, las opciones de financiamiento son amplias. Uno puede colocar en mercados locales o internacionales, recurrir a organismos multilaterales, a la vez que recauda una masa razonable de impuestos genuinos. Cuando la situación es crítica es bastante más difícil que los mercados locales o internacionales estén disponibles, y uno termina recurriendo al financiamiento de última instancia, que son los organismos multilaterales. Es lo que pasó en Uruguay en el marco de la crisis del año 2002 y, por lo tanto, el componente central de financiamiento y de premura financiera en materia de deuda pública está localizado en los organismos multilaterales de crédito: principalmente el Fondo Monetario Internacional, y también el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Un objetivo claro de este gobierno fue realizar rápidamente las negociaciones con los tres organismos multilaterales, principales componentes del endeudamiento público, y creemos que en estos primeros dos meses de acción hemos sido exitosos en cuanto a tener ya prontos los programas de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial en un horizonte de cinco años, y con el Fondo Monetario Internacional en un horizonte de tres años, que es el plazo más largo que negocia con los países. Esto nos da tranquilidad en el sentido de cómo debemos operar en el futuro desde el punto de vista financiero, teniendo claras las efectivas restricciones para comenzar a amortizar la deuda con estos organismos, principalmente con el Fondo Monetario Internacional, con el cual Uruguay tiene el programa financiero más grande del mundo en relación a su Producto Bruto Interno, pero también nos pauta obligaciones en ese sentido.

Los programas de amortizaciones y desembolsos con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial implican que en el conjunto de los cinco años de la presente Administración haya un manejo adecuado que no va a implicar amortización en términos netos. Sí debe haber una amortización negociada de manera gradual, reperfilando en un plazo relativamente mayor con el Fondo Monetario Internacional. De alguna manera esta negociación, que esencialmente está terminada y en los primeros días de junio se consolida con la aprobación de los programas de Uruguay en los directorios de los organismos internacionales, nos da el marco real sobre el cual vamos a operar en el sentido financiero en los próximos tres años.

No nos extenderemos demasiado a nivel de la política monetaria cambiaria. En estos días se ha discutido bastante el tema y existe una responsabilidad clara de definición de parte del Banco Central. Lo que se ha definido en un sentido de política económica es mantener un régimen de flotación del tipo de cambio comenzando a desarrollar un proceso que consolide una lógica de política monetaria y cambiaria con objetivos de inflación. Es decir que apuntamos a un régimen en el cual el Banco Central tendrá explícitos sus objetivos de inflación y utilizará los instrumentos que tiene a su alcance en el mercado monetario, cambiario, etc., para garantizar que la inflación se mueva dentro del rango que el Banco Central determine y anuncie con suficiente antelación.

Obviamente, este esquema tiene que estar complementado, en la reforma tributaria y en la operativa más normal o tradicional, con un estímulo a las exportaciones y a las inversiones. Entendemos que la ley de inversiones tiene muchos componentes positivos que deben potenciarse y aplicarse de mejor manera, y que el instrumental para hacerlo existe. Ahora el desafío y nuestra responsabilidad es hacerlo efectivo.

En una combinación de variables vinculadas a los principales países, la conclusión a sacar es que el dólar tiene una trayectoria declinante a nivel internacional. La perspectiva de corto y mediano plazo es que no hay factores que contribuyan a indicar que habrá una recuperación del dólar en los próximos meses. Las relaciones de cuenta corriente y el componente fiscal en Estados Unidos, Europa y Japón pautan una perspectiva que hace que todas las monedas se estén fortaleciendo con respecto al dólar. Otro elemento del contexto internacional, relevante a los efectos de la economía uruguaya, tiene que ver con las tasas de interés. Estábamos en un mundo de tasas de interés por el suelo, pero ya comenzó el proceso de recuperación y seguramente se va a seguir sosteniendo a nivel internacional, creemos que de manera gradual. Esto pega sobre las responsabilidades de Uruguay, sobre todo en materia de endeudamiento externo.

Vemos un contexto internacional de crecimiento relativo de Estados Unidos y Europa, y un crecimiento regional. Este esquema está complementado con una depreciación del dólar a nivel internacional, que se expresa en aumentos de precios en dólares en el conjunto del contexto internacional, que es relevante para el Uruguay. Por lo tanto, a la vez que hay una depreciación del dólar también hay un efecto precio, es decir, Uruguay enfrenta precios internacionales más altos para la colocación de sus productos y para la importación. Hay una importante inflación externa relevante para el funcionamiento de la economía uruguaya en el corto plazo.

Todos conocen la evolución del nivel de actividad, con la recuperación económica que se ha dado, sobre todo el año pasado, luego de la profunda crisis. Todavía no estamos en los niveles de producción de antes de la crisis, pero en el contexto de crecimiento planteado para este año y el próximo vamos a estar volviendo, en términos reales de Producto, a los niveles del año 1998. Tanto el consumo privado como las exportaciones están en un récord histórico, a pesar de la situación cambiaria. Ambos componentes han liderado la evolución del Producto, incluida una recuperación sensible de la formación bruta de capital. Esto tiene que relativizarse sobre la base de que habíamos llegado a mínimos insostenibles de inversión tanto en el sector privado como en el público.

El Banco Central sigue empeñado en que se mantengan niveles razonables de inflación. En particular, el horizonte que ha anunciado para los doce meses terminados en marzo del año próximo es estar en una inflación entre el 5% y el 7%, con tendencia a la baja en los años siguientes. No hay presiones sustanciales a nivel de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que está esencialmente equilibrada. La percepción de los mercados internacionales y de los agentes financieros internacionales ha sido la de recuperar buena parte de la confianza que se había perdido en la conducción uruguaya. El riesgo país se redujo y está en niveles que pueden considerarse razonables, habida cuenta de que Uruguay ha perdido el status investment grade en los mercados internacionales de parte de las principales calificadoras de riesgo del mundo. No obstante ello, en estos días hemos tenido la satisfacción de salir a los mercados internacionales con un monto importante y la operación ha sido exitosa. La perspectiva de reposicionamiento de Uruguay en los mercados internacionales es una buena señal que permite diversificar las fuentes de financiamiento que en momentos de crisis debieron concentrarse en los organismos multilaterales.

Obviamente, la situación fiscal es apretada. El cierre del 2004 rondó el 2% de déficit global, y este año apuntamos a un déficit global del 1,6% del Producto, dentro de un marco de un superávit primario del orden del 3,5%, cifra que incorpora gastos adicionales que vamos a destinar como prioridad de este gobierno al Plan de Emergencia Social. El resultado primario ha crecido sustancialmente en el último año y medio, acompañado de un aumento importante de la carga de intereses, ya sea por más deuda y por crecientes tasas internacionales. El logro de este superávit primario ha sido a base de apriete de gastos, que en realidad ha tenido que ver con la reducción salarial y la virtual desaparición de la inversión pública. Es un proceso que tocó fondo. No hay más forma de apretar superávit primario en base a reducción salarial o a no tener más inversión pública. Hay inversiones públicas sustanciales que tienen que ver con la infraestructura para las cuales no pueden pasar muchos años. Hay un timing óptimo del que estamos lejos y, mientras más tiempo dejemos pasar, el costo de mediano y largo plazo es mayor. La conducta rigurosa en materia fiscal tiene que ser consistente.

El marco previsible para el año 2005 implica un crecimiento del orden del 6% del Producto, lo que supone una obvia desaceleración de las tasas actuales. Pensamos que para el 2006 se ubicaría en el entorno del 4%. Son tasas sensiblemente superiores a las que el Uruguay ha mostrado históricamente, con un rango de inflación entre 5 y 7 puntos, con un superávit primario de 3,5 puntos del Producto y un déficit global que va a rondar el 1,6% del Producto. En una lógica que pretendemos continuar en los próximos años de la Administración entendemos que con esta rigurosidad fiscal, pero sobre todo con la evolución cambiaria y principalmente con el crecimiento de la producción, todo el funcionamiento fiscal tiene que estar al servicio del crecimiento de la producción, porque es lo que nos va a permitir reducir el peso de la deuda en el Producto.

Sin duda, uno de los momentos más difíciles en la historia económica del Uruguay fue cuando llegamos a una situación insostenible de endeudamiento sobre el Producto, por encima del 100%. Entendemos que si se dan las proyecciones de crecimiento, apreciación cambiaria y manejo responsable de la deuda y de las cuentas públicas vamos a estar evolucionando hacia finales de esta Administración a rangos más sensatos del indicador deuda/Producto, lo que nos va a permitir salir con más comodidad a los mercados internacionales y apuntar a recuperar un status a nivel internacional, sobre todo en la percepción de riesgo, que el Uruguay tuvo en otros tiempos.

La perspectiva está hecha por tres organismos autónomos del gobierno, excepto el Banco Central. Después hay un estudio hecho para el Banco Interamericano de Desarrollo por un argentino y el tercero fue hecho por el propio Fondo Monetario Internacional. Más allá de pequeñas variaciones entre los supuestos, está claro que la trayectoria esperada por los organismos multilaterales y por el gobierno es bastante coincidente en cuanto a apuntar a una reducción sustancial del peso de la deuda en la producción. El elemento central es el crecimiento productivo, el manejo y la rigurosidad. Creemos que con esto damos un pantallazo global y lineamientos y prioridades generales de cómo la actual Administración ha recibido el manejo del Estado y cómo pretende hacer la conducción económica.

SEÑORA MORDECKI.- Agradecemos el economista Bergara por su exposición. Tenemos algunas preguntas del público, que vamos a leer.

La primera pregunta es qué opinión tiene sobre el Tratado de Inversiones con Estados Unidos.

SEÑOR BERGARA.- Tanto el Ministro de Economía y Finanzas como el Presidente de la República han planteado en diversos ámbitos que es intención de este gobierno la ratificación parlamentaria de dicho Tratado.

SEÑORA MORDECKI.- En referencia a la reforma del Estado, ¿cómo se piensa obtener una mayor eficiencia con la actual situación en la que los funcionarios no están motivados y son inamovibles? ¿Cuál es su visión sobre los funcionarios públicos por el exceso de sueldos altos, los funcionarios excedentarios, la inamovilidad y la baja productividad?

SEÑOR BERGARA.- Es difícil pensar que uno no tiene estímulo si hay sueldos altos. Evidentemente, la situación es muy despareja, diría caótica tanto en materia salarial como funcional. En los papeles, no todo el mundo es inamovible. En los hechos, la inamovilidad es bastante mayor. Eso implica que hay que manejar con mucho pragmatismo todo este proceso.

Si fuera fácil hacer un proceso de reforma del Estado en base a indicaciones de la teoría, probablemente muchas cosas ya se hubieran hecho. Evidentemente, hay situaciones que apuntan a resolver problemas parciales en algunos organismos. Algo se ha resuelto por la vía de un desorden salarial. Los mecanismos de remuneración también son caóticos, porque algunas cosas que no se cobran por el sueldo se cobran de otra manera, y a veces se ajusta por el horario. La situación es de caos en ese sentido. No hay una lógica funcional y remunerativa que abarque al conjunto del Estado. La distancia entre la Administración Central y las empresas públicas es abismal, lo cual se refleja en términos generales en las capacidades funcionales. Lo que está claro es que, mal que bien, el Estado funciona, pero tiene que funcionar mucho mejor y de manera mucho más eficiente. Muchas veces se premia lo que no hay que premiar y falta capacidad para estimular lo que hay que estimular. En cada oficina siempre alguien resuelve las tareas, pero nos termina saliendo caro cuando alrededor de esa persona hay gente que no resuelve nada o cuando no tenemos capacidad de pagar mejor a quien lo merece.

Las trabas en el sentido formal e informal son muchas, porque hay que tomar en cuenta un montón de situaciones que implican derechos adquiridos. Como norma general tenemos un respeto importante por aquellos funcionarios que hacen sus tareas y resuelven los problemas que cada organismo tiene que resolver, pero no es fácil implementar mecanismos más duros de incentivos en la medida de remunerar más a los que más merecen y menos a los que menos merecen. Hay mucha rigidez, mucho caos, mucho para ordenar y este proceso va a ser lento.

SEÑORA MORDECKI.- ¿Cómo se compatibilizan las metas fiscales con el compromiso de incremento de los gastos educativos, con la meta del 4,5% del PBI al final del período?

SEÑOR BERGARA.- La meta del 4,5% del PBI no es todo gasto fiscal. Es lo que la sociedad debe apuntar a gastar en educación. No todo es gasto público. Vamos a trabajar gradualmente para que, en la medida que haya racionalización de gastos en el Estado y crecimiento del Producto, las restricciones fiscales con el tiempo vayan amainando y tengamos la capacidad de redireccionar el gasto hacia los objetivos predeterminados.

Tenemos una visión partida al medio de estos cinco años. Entendemos que la primera mitad de la Administración es de mucho apriete, generando la base para poder tener más holgura en materia de redireccionamiento del gasto a partir de la segunda mitad.

SEÑORA MORDECKI.- ¿Cuál es la postura del gobierno frente al tipo de cambio y a qué atribuyen el actual atraso cambiario?

SEÑOR BERGARA.- Es el Banco Central el que define de manera autónoma los ingredientes y el diseño fino de la política monetaria, obviamente dentro de un marco acordado a nivel del equipo económico que apunta a mantener un régimen de flotación. Uruguay no está en condiciones históricas ni financieras de comprometerse de manera muy rigurosa a un tipo de cambio fijo. Entendemos que la opción más adecuada para esta etapa histórica es la flotación cambiaria, lo que no quiere decir que uno no esté monitoreando de manera sistemática la evolución de las principales variables en el mercado cambiario y en el monetario. En ese sentido, el contexto que tenemos es de una depreciación del dólar a nivel internacional, que tiene por un lado una contracara de aumento de precios en dólares en todo el mundo, lo que no necesariamente implica que en Uruguay todo eso se traduzca en pérdida de competitividad, porque los precios en dólares están creciendo en todo el mundo. Si no, no tendría explicación estar en una situación cambiaria de debilidad en las pizarras pero de récord absoluto de exportaciones.

Hay un aspecto de evolución del dólar a nivel internacional. Si Europa y Japón no lo pueden sostener es pedir mucho a la Administración uruguaya que lo pueda hacer. Estamos incorporando una situación históricamente nueva que es una pérdida del valor del dólar a nivel internacional. Por supuesto que también tiene que haber un monitoreo de la situación, porque esto nos tiene que preocupar, pero en un marco de sostenimiento de una política cambiaria de flotación del tipo de cambio. Entendemos que ese régimen, que compartimos con los países miembros del MERCOSUR, es el más adecuado porque, además, nos da la flexibilidad de manejarnos a nivel fiscal con más rigurosidad puesto que no tenemos capacidad financiera para sostener un tipo de cambio que se aleje demasiado de las condiciones de equilibrio.

SEÑORA MORDECKI.- ¿Cree que el actual marco normativo del Banco Central del Uruguay para el sistema financiero es congruente con el objetivo de fomentar la inversión productiva? ¿Van a existir criterios de intervención en el monitoreo que el Banco Central va a hacer sobre los objetivos de política? Por otro lado, ¿la reforma del Banco Central incluye cláusulas para moderar la dominancia fiscal?

SEÑOR BERGARA.- Los objetivos establecidos en la Carta Orgánica del Banco Central tienen que ver con la estabilidad de precios y la sustentabilidad, sostenibilidad y fortaleza del sistema financiero. El marco normativo debe estar abocado principalmente a darle estabilidad al valor de la moneda, además de la confianza y la credibilidad que implica el fortalecimiento y el funcionamiento sano del sistema financiero. Eso se debe hacer a nivel del conjunto de la conducción económica, consistente con los objetivos que, básicamente, incorporan el crecimiento productivo. En principio, entendemos que si el Banco Central cumple bien su rol va a estar contribuyendo al crecimiento productivo, porque una estabilidad en el marco de precios y un funcionamiento sano del sistema financiero son ingredientes sustanciales para la toma de decisiones en inversión y para la toma de decisiones económicas. Por ejemplo, hasta ahora la recuperación de la economía del último año se ha dado básicamente sobre esta base, con estabilidad de precios y habiendo apagado los incendios en el sistema financiero, pero sin crédito bancario.

¿Uno puede decir, entonces, que el Banco Central debería relajar sus regulaciones para que haya más crédito? Eso parte de un diagnóstico que es inadecuado. El crédito va a aparecer en la medida en que haya proyectos y se consoliden las reglas de juego para la inversión, pero esto debe hacerse sin menoscabar la solvencia y la salud del sistema financiero. Seguramente el Banco Central va a tener que manejar un equilibrio entre su responsabilidad primaria en este terreno, que es la solidez y la salud del sistema financiero, y el hecho de que este efectivamente opere como motor a través del crédito. Mantener la estabilidad de la moneda y garantizar y hacer creíble un funcionamiento sano y saludable del sistema financiero ?los dos roles principales establecidos en su Carta Orgánica?, es la mejor contribución que el Banco Central puede hacer para cualquier proceso de desarrollo económico.

El segundo punto tiene que ver con la intervención del Banco Central en los mercados. Si define un rango de inflación del 5% al 7% va a utilizar todos los instrumentos a su alcance para garantizar ese objetivo. Por supuesto que tendrá una batería de instrumentos ?emisión de títulos, participación en el mercado cambiario, manejo de las necesidades financieras de determinada manera, etc.? para garantizar la señal clave que da el organismo, que es en qué rango se va a ubicar la inflación en una perspectiva de un año. Por lo tanto, el monitoreo y la intervención del Banco Central seguramente van a estar en toda una batería de instrumentos que le permitan garantizar el objetivo que anunció.

La tercera pregunta tenía que ver con la dominancia fiscal. De manera genérica, vamos camino a fortalecer la independencia del Banco Central, primero por la vía de sacarle todo lo que no debe hacer, es decir los aspectos que tienen que ver con la regulación financiera y la liquidación de bancos. En ese sentido, le vamos a facilitar la vida. Pero también hay que especificar claramente sus objetivos y los elementos de diseño institucional que hagan a su independencia. Seguramente vamos a poner sobre la mesa la posibilidad de que los Directores ocupen sus cargos por plazos separados de los ciclos políticos y que la sustitución sea alternada, de manera de darle continuidad a una lógica de conducción.

Creo que tambiénse pueden discutir otros elementos, como por ejemplo que los Directores ?como ocurre en otros organismos, como las Unidades Reguladoras o el Banco de Previsión Social? se despeguen del ciclo político en materia de gestión. La contrapartida es que no pueden ser candidatos a cargos electivos hasta pasado un período de gobierno. Se trata de varios instrumentos de diseño que de alguna manera fortalecen la autonomía técnica del Banco Central.

SEÑORA MORDECKI.- La regulación del sistema financiero provocó un alto crecimiento de soluciones no formales para el acceso al crédito fuera del sistema controlado. ¿Cuál es su visión de la regulación para el sector?

SEÑOR BERGARA.- La regulación financiera es responsabilidad del Banco Central y en particular de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera. Una primera respuesta sería que hay que conceder la autonomía que estamos pregonando. De todas maneras, creo que es una simplificación muy burda decir que la regulación financiera impide el crédito y conduce a la gente a tomarlo por fuera del sistema. Hay muchos factores bastante previsibles en términos del proceso de salida de la crisis.

Si el corolario lógico es decir que hay que relajar la regulación financiera para que aparezca crédito, creo que la conclusión del gobierno sería muy complicada. Para nosotros, si el Banco Central cumple bien la misión establecida en su Carta Orgánica va a ser la mejor contribución al desarrollo del sistema financiero y al desarrollo económico.

SEÑORA MORDECKI.- ¿Cómo se compatibiliza el posible aumento salarial, vía Consejos de Salarios, con las metas fiscales, especialmente considerando el mecanismo de indexación de las pasividades?

SEÑOR BERGARA.- El programa financiero que tenemos armado para los próximos tres años, que ha sido acordado con los organismos multilaterales, en particular el Fondo Monetario Internacional, tiene implícita una mejora real de salarios tanto privados como públicos que es consistente con el manejo riguroso de las cuentas públicas y con el proceso de reducción de la vulnerabilidad asociada al endeudamiento público en un marco gradual razonable. Vamos a asistir a años de recuperación salarial no a los ritmos que todos deseamos sino a los que van a ser factibles en el marco de una conducción económica responsable.

SEÑORA MORDECKI.- ¿Cuáles son los principales estímulos a la producción de los que se habla? ¿Habrá subsidios? ¿Para qué sectores?

SEÑOR BERGARA.- Más allá del aspecto sectorial, cada vez es más difícil pensar las políticas de estímulo sector a sector, porque eso después genera toda una catarata de arbitrariedades y el esquema general termina siendo absolutamente falto de lógica y de coherencia. Creemos que el elemento central es generar un marco adecuado para las inversiones. Eso pasa por fijar buenas reglas, por tener la capacidad de hacerlas cumplir y por mantener la racionalidad.

La visión histórica de tener una lógica sectorial hace que, si uno mira en frío, la falta de neutralidad en muchas cosas es asombrosa en materia fiscal, en materia de gasto o en materia de subsidios. Todos los instrumentos están sobre la mesa y no tenemos por qué renunciar a ninguno. El asunto es generar una adecuada estructura de estímulos y castigos como para recibir mucha inversión y a los mejores inversores. Si se tiene una pésima estructura de estímulo puede recibir algo de inversión pero seguramente no la que uno quiere.

SEÑORA MORDECKI.- ¿Qué pasa con la apertura de la economía? ¿Se acompaña la tendencia al cerramiento del MERCOSUR o se va a acciones unilaterales de reducción arancelaria?

SEÑOR BERGARA.- Planteamos la idea de priorizar el proyecto MERCOSUR en consistencia con una visión de Uruguay inserto en el mundo. No entendemos al MERCOSUR como un punto de llegada sino más bien como una plataforma de lanzamiento, y eso ya se expresa en la mayor diversificación comercial que tiene el Uruguay. En ese sentido, pretendemos abrir todas las posibilidades en materia comercial y financiera. Para un país es bueno mantener todas las puertas abiertas, obviamente consistente con compromisos que hacen a un acuerdo de integración regional. Ese proceso permite que el Uruguay tenga que mirar a todo el mundo. El acuerdo de comercio con México, por ejemplo, se ha dado de manera consistente con el funcionamiento del MERCOSUR y creo que todos estamos muy satisfechos.

SEÑORA MORDECKI.- También nos preguntan sobre la desmonopolización de los servicios públicos.

SEÑOR BERGARA.- Parte del programa de gobierno es explícito en cuanto a que las empresas públicas que participan en los mercados de servicios públicos deben ganar en eficiencia, ser más eficaces y, por lo tanto, estar preparadas para marcos competitivos esencialmente inevitables. Más allá de algunos subcomponentes de servicios públicos en que se pueda mantener el monopolio por razones tecnológicas o por algún elemento de facilidades esenciales, creemos que en la mayor parte de estos servicios la competencia va a ser la tónica, porque es un proceso inexorable.

Lo mejor que podemos hacer es procurar que las empresas públicas estén adecuadamente preparadas para enfrentar procesos de competencia. Esto ya empezó hace bastante tiempo. Hay varios submercados de servicios públicos que tienen competencia y las empresas públicas se han mostrado hábiles para jugar en mercados competitivos. La idea es fortalecer la capacidad de estas empresas no necesariamente para ser buenos monopolios sino buenos competidores, porque los ciudadanos, los consumidores, se benefician. Por lo tanto, si hay dos procesos que van juntos, en la mayor parte de estos submercados la competencia a la corta o a la larga es inexorable y, a su vez, está claro que queremos buenas empresas públicas, eficientes, en marcos de competencia con inversión privada. Obviamente, si hay restricciones financieras para la inversión pública hay aspectos de infraestructura que no pueden esperar a que el Estado recomponga su situación financiera. Hay que hacerlas cuanto antes porque afectan la producción, todo el aparato circulatorio de transporte, de infraestructura vial, de carreteras, etc. No puede ser un obstáculo para que las inversiones prosperen y el crecimiento se dé. A veces no se puede esperar a que el Estado recomponga las finanzas. Hay un doble esquema: fortalecer la participación y gestión estatal en estos mercados, pero en marcos competitivos o de participación de la inversión privada. Obviamente, con reglas de juego claras, donde se garanticen los derechos al inversor pero también al usuario, exigiendo las obligaciones a los inversores, la participación privada es bienvenida.