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Ministerio de Economía y Finanzas

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"Hay un manejo intencionado de información incorrecta en torno a la Ley de Inclusión Financiera"

Fuente: Semanario Crónicas. El economista y asesor del MEF, Martín Vallcorba, explicó a CRÓNICAS los entretelones de la Ley de Inclusión Financiera, una normativa que tiene como foco cambiar los hábitos de pago de los uruguayos y potenciar la formalidad en el mercado laboral. (08-08-2017)

A punto de sellar un acuerdo con algunos sectores de la oposición (encabezados por Pedro Bordaberry, Verónica Alonso y Pablo Mieres), el asesor pretende profundizar la ley y dejar en el camino a algunas cámaras empresariales y al senador Lacalle Pou que buscan socavar la ley por medio de un plebiscito.

-Las cámaras empresariales proponen una recolección de firmas para llevar la Ley de Inclusión Financiera a plebiscito. ¿Qué piensa de esta iniciativa?

-Lo primero sería tratar de entender cuáles son los motivos que llevan a las Cámaras del Este a impulsar esta medida que planea una reforma constitucional que haría caer algunos de los aspectos que prevé la ley.

En realidad no es muy claro, porque en las primeras conversaciones que tuvimos con las Cámaras parecía que la preocupación central tenía que ver con lo económico, con el costo de los aranceles de los medios de pago electrónicos. Pero las preocupaciones fueron cambiando, porque el plebiscito que se plantea no genera ningún cambio de las condiciones económicas en el funcionamiento de los comercios.

Ellos mismos han planteado que el tema económico pasó a un segundo plano y que ahora las razones detrás de esa iniciativa son más de carácter político.

En lo que hace a los intereses de los comerciantes, nosotros creemos que el camino para resolver los problemas no es este, entre otras cosas porque cualquier modificación que se introduzca con el plebiscito recién regiría en el 2020.

Lo razonable es buscar soluciones desde ahora y en eso es en lo que estamos trabajando con el resto de las cámaras empresariales. Ha habido confusión en cuanto a la información porque, por ejemplo, Cambadu no está apoyando la iniciativa del plebiscito, Cedu que es la confederación que nuclea a todos los centros comerciales del Interior tampoco; junto con esas y otras trabajamos para generar condiciones que mejoren el acceso de los comercios a los medios de pago electrónicos, en particular, de los más pequeños.

Cabe recordar que cuando comenzamos a trabajar en la inclusión financiera, el arancel de las tarjetas de débito para los pequeños comerciantes estaba en un 7%, hoy para el pequeño comercio está en un 2% y se han reducido los plazos de pago. La idea es seguir por el mismo camino que ha dado resultados positivos.

-¿Le sorprendió que dirigentes de la oposición, como por ejemplo el senador Lacalle Pou, hayan adherido a este planteo?

-No diría que nos sorprendió, lo que sí nos sorprendió es el manejo de la información que han realizado muchos dirigentes de la oposición para fundamentar su respaldo al plebiscito. Eso es lo que no ayuda a dar una discusión de calidad sobre el tema. En las primeras manifestaciones que realizó Lacalle Pou, las principales motivaciones para acompañar el plebiscito eran que como consecuencia de la Ley de Inclusión Financiera los trabajadores tenían que desplazarse 50 kilómetros para poder retirar efectivo. Eso no es cierto porque la ley prevé a texto expreso que si en la localidad no hay un punto de extracción de efectivo y sí en un radio de 3 kilómetros, el trabajador no está obligado a cobrar por ese medio. Está bueno discutir el tema, lo que no está bueno es hacer una campaña sobre bases que no son ciertas.

Otra afirmación incorrecta es que a causa de la ley se restringe la libertad del trabajador de elegir cómo cobrar, eso supone que antes tenía libertad y no es así, porque antes de la ley el que elegía era el empleador. Hoy el trabajador sí tiene la libertad de elegir, la única restricción es que no puede percibir el dinero en efectivo.

-En estos días se ha hablado mucho de la obligatoriedad de los comercios de aceptar débito, algo que no está presente en la ley. ¿Qué piensa de este punto?

-Es otro ejemplo de legítima desinformación en algunos casos y de manejo intencionado de información incorrecta, en otros. A título expreso, la ley afirma que el comercio no está obligado. A pesar de que se les ha aclarado a los comerciantes del Este, siguen afirmando lo mismo. Eso no es desinformación, es un manejo mal intencionado de la información. El mundo está cambiando, cambian las formas de consumir y de pagar, con o sin inclusión financiera. Uruguay no es una isla.

El desafío está en que todos podamos participar de esta tendencia, que no queden consumidores ni comercios que no puedan acceder a los medios de pago electrónicos. La ley aceleró el proceso y se multiplicó por cuatro la cantidad de comercios que acepta medios de pago electrónicos con respecto a 2011; en su mayoría, los que se incorporan son comercios pequeños y del interior del país porque los incentivos estuvieron enfocados hacia ellos.

-Si la ley prospera como se busca, los usuarios demandarán efectuar su pago a través de medios electrónicos y aquellos comercios que no lo permitan quedarán al margen. ¿No estarán rezagados en vez de incluidos?

-Ese era el desafío que teníamos. Todos los países, incluidos los de la región, están en esa trayectoria; en Brasil, por ejemplo, el uso de la tarjeta de débito está extremadamente extendido. Cuanto mayor es el uso de esos medios, hay una necesidad mayor del pequeño comercio de incorporarse a la tendencia, pero eso se iba a dar igual sin la ley. Si las políticas públicas no hacían nada, sí iba a haber exclusión de los pequeños comercios porque tienen menor capacidad de negociación con respecto a las grandes superficies.

Desde el programa de inclusión financiera intentamos identificar qué obstáculos tenían y trabajamos sobre ellos. Ahora la gran superficie va a estar pagando los mismos aranceles que los pequeños y esas condiciones permiten que el comerciante no esté excluido.

Los pequeños comercios han tenido un tratamiento especial, sus aranceles son más bajos y las retenciones de impuestos también. Es para favorecerlos en la inclusión, si no se hubiera hecho nada, los problemas que tienen hoy, los hubieran tenido igual y de peor magnitud. Por eso afirmamos que no solo no los perjudican, sino que los favorecen.

-Se les reprocha que hubo improvisación en la puesta en marcha de la ley. ¿Acepta esta crítica?

-Es un tanto paradójica porque quienes nos critican con eso también nos critican por la rigidez que tenemos para no modificar la ley.

Se nos critica porque no aceptamos cambios y también porque promovemos modificaciones en la ley. Lo que sucede es que estamos actuando en una temática que es extremadamente dinámica. La realidad que tenemos hoy en el mundo de los pagos es totalmente distinta de la que teníamos hace tres o cuatro años.

En algo que es tan dinámico es necesario tener la cabeza lo suficientemente abierta para saber incorporar esos cambios a la normativa.

Además de la propia implementación de la ley, se va cambiando la realidad y van surgiendo nuevas necesidades y problemáticas que antes no estaban explicitadas. Lo peor que podemos hacer es no aprender y no hacer esas modificaciones. Los cinco cambios circunstanciales que se hicieron no cambiaron la filosofía ni la estrategia sino perfeccionaron el diseño y lo potenciaron.

Sí ha habido muchísimos decretos reglamentarios porque una ley de estas características requiere una reglamentación muy medida; y también ha habido prórrogas que es otra manifestación de que se ha estado estudiando la evolución de la realidad. Todo esto demuestra que se trabajó de manera seria, responsable y con un criterio pragmático y gradualista.

Es un cambio cultural, se están cambiando los hábitos de pago de los uruguayos y eso requiere una sintonía muy fina en todo el proceso de trasformación.

En la región, la inclusión financiera de Uruguay es seguido como un caso de estudio. Sorprende por los buenos resultados.

Estamos trabajando para que siga así, incluso con un conjunto de actores de la oposición, pero los cambios que se plantean son para profundizar, no para dar marcha atrás como propone el senador Lacalle Pou.

-¿Cuáles son las características del acuerdo que se sellará con algunos actores de la oposición?

-En líneas generales estamos trabajando sobre tres áreas. Algunas medidas son legislativas, modificaciones en la ley que corrijan y mejoren lo que está previsto por la normativa y que incluya algunos aspectos del funcionamiento del sistema de medios de pago electrónicos en general, como la relación entre comercio y los emisores, entre los emisores y los usuarios; que regule algunas características básicas en ese sentido. La segunda área tiene que ver con algunas medidas reglamentarias que el Poder Ejecutivo impulsaría que tienen que ver con beneficiar a los comercios, sobre todo a los más pequeños, por ejemplo en el tema de prorrogar el subsidio para el arrendamiento de los POS, hacerlo mayor para los comercios más pequeños. Es decir, profundizar las facilidades. El tercer paquete de medidas tiene que ver con promover, desde el sistema político, este gran acuerdo.

Esperamos que se pueda anunciar en las próximas semanas.

-Según datos de las AFAP, la informalidad laboral en el sector privado uruguayo ronda el 30%. ¿Es un objetivo de la Ley de Inclusión Financiera corregir este aspecto?

-Sí, es uno de los fundamentos por el cual se establece el pago de remuneraciones a través de medios electrónicos. Las razones para limitar los pagos en efectivo son porque, en general, el pago electrónico es una herramienta muy potente para mejorar los controles y la fiscalización del mercado de trabajo que no es otra cosa que mejores beneficios para el trabajador. Un trabajador que no está en negro, que tiene seguro de enfermedad, Fonasa y una mejor jubilación a través del BPS.

La Ley de Inclusión Financiera es una ley de orden público, esto implica que las partes no pueden pactar en contrario de lo que prevé esa ley. Entonces, un pago que se hace de manera diferente a como está previsto en la ley es como si no se hubiera efectuado.

Un empleador que mantiene a sus trabajadores en negro y que les sigue pagando en efectivo, antes tenía que abonar los aportes a la Seguridad Social que no había realizado, más las multas y recargos; ahora está en cuestión el propio pago porque si ese empleador pagó en efectivo, un juez laboral puede determinar que el pago no fue efectuado. Eso aumenta aún más el costo y el riesgo de la informalidad.

Sin dudas es un objetivo buscado y deseado por la ley.

-Los cajeros funcionan como nexo entre el dinero físico y el que se encuentra en las cuentas de los usuarios. ¿Están conformes con este y otros servicios bancarios que atañen a la ley?

-Los bancos históricamente en Uruguay no se han caracterizado por ser demasiado proactivos ni innovadores para generar soluciones a los problemas de los usuarios. De hecho el surgimiento de las redes de cobranza es consecuencia de la inacción de los propios bancos.

Eso es lo que motivó la necesidad de prever modificaciones legales que contribuyeran a dinamizar el funcionamiento del sistema. Ha habido mejoras importantes en los servicios. Después de la resistencia inicial de los Bancos a la Ley de Inclusión Financiera, empezaron a mejorar la calidad de los servicios. Sin dudas queda mucho camino por recorrer. En el caso específico de los cajeros, en el año 2016 hubo un aumento importante de los puntos de extracción de efectivo. No solo se debe pensar en cajeros, la solución que se está implementando en toda América Latina pasa por los corresponsales financieros, que pueden ser redes de cobranza o un comercio que brinda la posibilidad de hacer un depósito o de retirar dinero con su tarjeta de débito.

Lo que sucede es que uno siempre quisiera tener un punto de extracción de efectivo lo más cerca posible. El déficit que nos queda es en las pequeñas localidades, en muchas no hay acceso a la extracción del efectivo y tampoco de pagar facturas; se tienen que trasladar un montón de kilómetros para poder pagar la UTE. Por eso creemos que los medios de pago electrónicos y los corresponsales financieros son una gran solución.


PIN y verde

El pasado 1º de julio, el Banco Central estableció que todas las tarjetas de débito deben solicitar exclusivamente el código PIN al momento de realizar una compra. Anteriormente debía completarse una serie de datos que hacían el proceso más engorroso, ahora todas deben pedir la clave pero ningún otro dato personal. Se establecieron prórrogas pero desde hace prácticamente dos meses es obligatorio que sea así, por lo tanto los comercios cuyas redes de POS no actúen de esa forma, tendrá una sanción. A su vez, cualquier tarjeta que no solicite el PIN también estará incumpliendo.

Por otra parte, Vallcorba aseguró que los aranceles para los comerciantes que utilicen POS tenderán al descenso y que esperan que para fin de año lleguen al 1.5%.

Por la misma línea se pretende que las promociones que se activen en los comercios, de gran o pequeña superficie, contemple a las tarjetas de débito como un medio de pago equivalente al efectivo, ya que se pretende que el débito sea en los hechos un equivalente al billete

“La gente se va a atrever realmente a estar sin efectivo cuando pueda retirar en los comercios la cantidad que necesite para el día a día”, apuntó el asesor del MEF. Para acercarse a esa realidad, el Banco Central ya aprobó el “Cash Back”. Este sistema funciona a través de la realización de una compra en un comercio, el usuario puede solicitar que se le dé además un monto en efectivo (menor a $3.000) y ese monto se debita de la cuenta del usuario y se le da en efectivo. “Tenemos 53.000 POS, si logramos que se conviertan en puntos de retiro de efectivo, va a permitir que la gente ande cada vez con menos efectivo”, indicó Vallcorba.

Para el economista, la utilización del débito por sobre el efectivo no solo funcionará como un aliado de la seguridad para el usuario sino como un ahorro para los comerciantes que deben utilizar toda una estructura logística para el manejo de billetes que, con el débito, se da de forma virtual por medio de transferencias. “Cualquier comercio lo puede hacer, no necesita autorización, solo ponerse en contacto con quien administra el POS para que le explique el funcionamiento”, señaló Vallcorba.

Desde la palma de la mano

Poder realizar transacciones financieras a través del celular es el próximo paso. “En otros países que no están tanto más desarrollados financieramente, se almacenan las tarjetas en el celular y pueden apagarse o habilitarse cuando el usuario quiera, y utilizando la tecnología de proximidad NFC se paga a través del móvil”, explicó Vallcorba. Ya sea a través de esta modalidad o como billetera electrónica, almacenando el dinero en una cuenta asociada al celular, para el asesor del MEF no hay dudas de que el celular es “la gran herramienta del futuro en materia de pagos”.

Para esto, las fintech (emprendimientos ligados a la tecnología financiera) son actores clave porque se atreven a tomar más riesgos que los bancos en innovación.

Inseguros

El asesor del MEF manifestó que en caso de prosperar el plebiscito, se sucedería una consecuencia negativa importante que sería hacer caer el seguro de accidentes de trabajo y el seguro obligatorio de automóviles. Esto se debe a que la modificación prevé que “nadie pueda ser obligado a contratar en contra de su voluntad”. En este sentido Vallcorba opinó que el hecho de que la Constitución establezca ese criterio sin excepción es grave.

Fuente: Semanario Crónicas, 08/09/2017