La Ley N ° 19.924, del Presupuesto Nacional, promulgada el 18 de diciembre de 2020, incluyó el nuevo marco normativo de autorización de la deuda pública nacional. El Artículo 696 de esta ley establece el máximo Endeudamiento Neto (EN) que podrá contraer el Gobierno Central en el ejercicio anual. El EN se define como el total de la suma de emisiones de títulos de deuda pública de mercado y desembolsos de préstamos de instituciones financieras y organismos multilaterales de crédito, deducidas las amortizaciones y cancelaciones contractuales o anticipadas de dichos instrumentos financieros, así como la variación de activos financieros del Gobierno Central (disponibilidades líquidas y otros activos financieros) durante el ejercicio. Este marco de endeudamiento neto también incluyó una cláusula de salvaguarda que permitía ampliar el tope legal, y que podía ser aplicada sólo en circunstancias extraordinarias (ante eventos inesperados tales como desastres naturales, pandemia, fuerte cambio en los precios relativos o recesión económica). De recurrir a dicha cláusula, el gobierno podría ampliar en hasta un 30% adicional el monto base de endeudamiento neto autorizado para el año por la Asamblea General.

En la exposición de motivos de la Ley de Presupuesto 2025-2029 que fue presentada al Parlamento, se incorporó una nueva institucionalidad fiscal, que incluye una serie de reformas al marco anterior, en línea con la literatura académica y las mejores practicas internacionales. Este nuevo marco se basa en una regla fiscal dual que incluye: (i) un ancla de mediano plazo para la deuda neta como porcentaje del PIB y (ii) metas operacionales, que consiste en una meta para el resultado fiscal estructural y un tope legal al endeudamiento neto. Para mejorar la consistencia y previsibilidad en la planificación fiscal, se propuso que el límite legal para el endeudamiento neto se redefina en UI a partir de 2026. Se incluyó también enmiendas a la cláusula de salvaguarda. La cláusula continúa autorizando un aumento de hasta el 30% en el tope de endeudamiento neto durante los períodos de recesión económica severos, cambios sustanciales en los precios relativos, emergencias nacionales o desastres naturales. Para invocar a la cláusula, el MEF deberá presentar un informe detallado al Consejo Fiscal Autónomo, y compadecer ante la a Asamblea General, ambos dentro de los 30 días siguientes a la invocación de la cláusula. Para mejorar la transparencia en los años electorales, se aplicaron ajustes adicionales: (i) el aumento del tope de deuda permitido se reduce al 20%, (ii) la cláusula de salvaguarda solo puede ser invocada durante los 30 días inmediatamente anteriores a la elección nacional. 

Para el año 2020, el tope legal fue establecido en USD 3.500 millones (Ley N ° 19.924). El EN del Gobierno para 2020 fue de USD 3.113 millones (para más detalles, ver página 84 de la Rendición de Cuentas 2020).

Para el año 2021, el tope legal fue establecido en USD 2.300 millones. En julio de 2021, el gobierno comunicó a la Asamblea General, la necesidad de invocar la cláusula legal de salvaguarda, dados los recursos adicionales necesarios para mitigar los efectos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia. Por ello, el nuevo tope legal ampliado vigente en 2021 fue de USD 2.990 millones (para más detalles, ver la comparecencia del Ministerio de Economía y Finanzas ante la Asamblea General). El EN del Gobierno para 2021 fue finalmente de USD 2.563 millones (para más detalles, ver página 141 de la Rendición de Cuentas 2021).

Para el año 2022, el tope legal de endeudamiento neto del Gobierno Central se fijó en USD 2.100 millones (Ley N.º 19.996, artículo 343). El EN del Gobierno para 2022 fue de USD 1.860 millones (para más detalles, ver página 192 de Rendición de Cuentas 2022).

Para el año 2023, el tope legal de endeudamiento neto del Gobierno Central se fijó en USD 2.200 millones (Ley N.º 20.075, artículo 500). El Gobierno considera que la actual emergencia de déficit hídrico configura condiciones para la ampliación del límite legal de endeudamiento neto, y en junio de 2023 invocó la cláusula de salvaguarda, que aumenta el tope legal hasta USD 2.860. 

El tope legal de endeudamiento neto del Gobierno Central para 2024 se fijó en USD 2.300 millones (Ley N.º 20.212, artículo 587, del 6 de noviembre de 2023). En diciembre de 2024, el Gobierno comunicó a la Asamblea General la decisión de invocar la cláusula legal de salvaguarda, que amplía el límite legal de endeudamiento neto del Gobierno en hasta un 30% (a un límite ampliado de USD 2.990 millones). Los sustanciales cambios en precios relativos, particularmente entre transables y no transables, y entre la evolución de los precios minoristas y el deflactor del PIB, derivaron en una reducción de la inflación mayor a la prevista en los años 2023 y 2024. La reducción de los guarismos inflacionarios determinó una merma en los ingresos tributarios del Gobierno Central en 2024, respecto a lo previsto en la Rendición de Cuentas presentada al Parlamento en 2023, cuando se fijó el tope legal de endeudamiento para 2024.

Para el año 2025, el endeudamiento neto del Gobierno Central se ubicó en USD 3.079 millones, situándose por debajo del tope legal de USD 3.450 millones (Ley 20.416 artículo 7, del 31 de julio de 2025), sin necesidad de invocar la cláusula de salvaguarda.

Para el año 2026, el tope legal de endeudamiento neto del Gobierno Central es de UI 25.115 millones (Ley 20.446 artículo 682, del 8 de enero de 2026), equivalente a aproximadamente USD 3.992 millones según las proyecciones de tipo de cambio e inflación utilizadas en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal (2025-2029).